LA PAZ (Reuters) - El gobernador del distrito de Pando, bajo estado de sitio por la ola de violencia política en Bolivia, fue detenido el martes por efectivos militares y confinado en un lugar desconocido, acusado de haber ordenado la muerte de varios campesinos oficialistas.

El Gobierno dijo que designará en cuestión de horas a un sucesor del confinado Leopoldo Fernández, en una acción que debilitará al bloque de gobernadores opositores que han montado una violenta campaña por autonomías y en rechazo a los planes socialistas del presidente Evo Morales.

Fernández, quien ha rechazado las acusaciones, fue arrestado por un contingente militar en Cobija, la capital del amazónico departamento de Pando, llevado en avión a El Alto, ciudad vecina a La Paz, y desde allí a un lugar de confinamiento no revelado.

"La detención del prefecto del departamento de Pando obedece a una determinación legal; las Fuerzas Armadas están cumpliendo su rol legal en el marco del estado de sitio," dijo Morales en una conferencia de prensa, agregando que el político será acusado por "genocidio."

El mandatario precisó luego que Fernández estaría confinado 90 días, que es lo máximo que puede durar un estado de sitio en Bolivia sin autorización del Congreso.

La caída del líder opositor llegó un día después de que los presidentes de Sudamérica respaldaran firmemente al presidente boliviano, Evo Morales, en una cumbre de emergencia en Santiago de Chile y calificaran las muertes en Pando como una masacre.

El viernes pasado, el Gobierno había ordenado la captura del funcionario por supuestamente haber contratado sicarios para emboscar a un grupo de campesinos que se movilizaban por una carretera a unos 30 kilómetros de Cobija, dejando al menos 15 muertos, 37 heridos y 106 desaparecidos.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo en conferencia de prensa en Cobija que Fernández fue detenido por desacato al estado de sitio y por llamar a manifestaciones prohibidas por el régimen de excepción.

El funcionario agregó que enfrentará cargos por genocidio, en un proceso ya iniciado por la fiscalía.