La denuncia penal por el trasplante ilegal de riñón que se le hizo al ciudadano mexicano Óscar Soberón Cueto, quien quedó grave y murió posteriormente en su país, cada vez involucra a más médicos. La investigación de la Fiscalía Provincial Penal 35 de Lima está a punto de concluir y este Diario pudo conocer detalles de cómo se habría realizado la cirugía clandestina.

Personal de la clínica Santa Lucía de San Borja, que acaba de ser sancionada al descubrirse que permitió un trasplante ilegal en el 2008, reveló que el riñón que se le implantó al mexicano fue extraído en ese mismo establecimiento a un humilde panadero de 34 años a quien se le pagó US$10 mil.

Lo actuado obraría en el informe médico 5072, de fecha 1 de noviembre del 2009, el cual señala la participación de los médicos Mario Garrido Toribio, Christian Miranda Orrillo, Jesús Barahona Mendoza y otro de apellido Díaz, todos del Hospital Guillermo Almenara, de Essalud. “Apenas se extrajo el riñón, lo colocaron en un “cooler”, y Garrido y Miranda se lo llevaron a otra cirugía. El paciente estuvo una semana y se le dio de alta”, dijo personal médico de Santa Lucía que mantuvo el anonimato.

Fuentes de la fiscalía confirmaron que los médicos en mención son interrogados sobre su vinculación en el trasplante del riñón al mexicano, al igual que los médicos Freddy Pacheco Rivadeneyra y Flor de María Arrese Mondoñedo. Esa operación se concretó en otra clínica que ya tienen identificada.

Según funcionarios judiciales, este dato lo brindó el mismo Soberón antes de regresar a su natal México. Dijo, además, que le cobraron US$150 mil por la operación.

En una entrevista previa, Félix Ortega, jefe del gabinete de asesores de Essalud, dijo que en el mercado negro un trasplante cuesta “muchísimo más” que los US$35 mil que se invierten en las cirugías legales del seguro social.

INDICIOS CLAROS
“Desde el punto de vista legal, los montos pagados no son importantes porque no estábamos hablando de un hurto, sino de intermediación onerosa de órganos. Es suficiente con que acreditemos que de por medio estaba el lucro para señalar el delito, y tenemos fuertes indicios de que lo hubo”, se limitó a indicar la fiscal adjunta Yaneth Vila.

Intentamos comunicarnos con los médicos en mención, pero no fue posible. En el caso del nefrólogo Miranda Orrillo, es preciso recordar que él apareció en un reportaje que hizo Panamericana Televisión, en el que se lo ve conversando sobre un supuesto trasplante de riñón. En esa oportunidad él envió cartas a los medios de prensa para negar su participación en hechos delictivos, y se sabe que ante la fiscalía él ha insistido en mantener esa posición.

De acuerdo con el Código Penal, el que intercede en la venta de órganos o tejidos puede recibir entre 3 y 6 años de cárcel, pero si el involucrado es un profesional médico la pena es no menor de cuatro ni mayor de ocho años, además de la inhabilitación en la profesión.