Estos decretos, según los indígenas, contravenían su derecho a la consulta contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En el caso de la ley 1090, esta buscaba regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. Asimismo establecía las concesiones de ecoturismo y la conservación bajo supervisión del Ministerio de Agricultura.

Cabe destacar que estas fueron elaboradas con la finalidad de adecuar la legislación peruana a los pedidos de sectores ecologistas de Estados Unidos, como requisito para la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Perú.

De otro lado, el decreto 1064 se refería a las tierras de uso agrario por donde pasan oleoductos, gasoductos e instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera.

Como se recuerda, la mayoría de bancadas políticas, entre las que figura la oposición nacionalista, Unión por el Perú, el Bloque Popular, Alianza Parlamentaria, Alianza Nacional, entre otras, manifestaron previamente estar de acuerdo con esta propuesta del Ejecutivo.