La suspensión del legislador José Anaya Oropeza (UPP) por 120 días sin goce de haber, recomendó esta mañana la Comisión de Ética del Congreso, por haber sustentado con documentación presuntamente adulterada parte de los gastos operativos que le asignó el Poder Legislativo.

Anaya se le imputa también haber solicitado al Parlamento el reembolso del viaje que realizó a Italia, en mayo del año pasado, pese a que el mismo fue subvencionado con fondos de la Liga Parlamentaria Perú-Unión Europea, para lo cual habría presentado documentación irregular.

El informe final que aprobó la referida comisión establece que dicho legislador no ha podido desvirtuar fehacientemente los argumentos de la denuncia periodística, que lo vinculó por primera vez a la adulteración de documentos.

Concluye también que se ha demostrado la responsabilidad del legislador por haber presentado como justificación del pago del pasaje en avión con destino a Italia, por el cual pidió reembolso, una boleta de venta emitida por una empresa “Idaservice SAC”, cuyo giro no es la venta de pasajes aéreos.

Dicha empresa se dedica a los rubros de venta de autopartes para vehículos, además de otras actividades que no están relacionadas con labores de promoción del turismo o la expedición de pasajes aéreos.

El mencionado legislador emitió una declaración a la Comisión de Ética negando haber solicitado el reembolso del pasaje de avión a Italia, “con la finalidad de impedir que se determine su responsabilidad”.

No obstante, la Comisión de Ética tiene en su haber un documento emitido por él a través del cual solicita precisamente el reembolso del presunto dinero que gastó por ese pasaje.

“Al incurrir en esta conducta el congresista Anaya Oropeza ha infringido los artículos 1° y 2° del Código de Ética Parlamentaria”, señala el informe de la comisión.

El congresista Luis Galarreta, de Unidad Nacional, dijo que este informe se uniría al fallo que emitiría esta tarde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, sobre la denuncia constitucional interpuesta contra Anaya, y que fue asumida por el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén.

Según trascendió, dicho informe recomendaría el desafuero de Anaya, al haberse determinado que existirían graves indicios de responsabilidad.