La Tercera Fiscalía Provincial de Huaraz ordenó a la Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios formalizar denuncia penal contra el presidente regional de Ancash y sus principales funcionarios y consejeros regionales que aprobaron y autorizaron el convenio con la OEI, sin contar con los informes técnicos y administrativos que lo avalen.

Así lo dio a conocer la mañana de ayer, el Dr. Gilmer Asís Ortiz, asesor legal del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de Ancash, quien mostró la resolución fiscal que dispone que la Procuraduría Anticorrupción formalice denuncia penal por el delito de corrupción de funcionarios al existir indicios razonables.

Sin embargo, la misma resolución establece que existiendo pendiente un pronunciamiento en queja de derecho tramitándose en la Fiscalía Superior, la Fiscalía Especializada espera el pronunciamiento sobre los otros delitos imputados y  actué conforme a sus atribuciones legales. Gilmer Asis dijo que el cargo más grave que afrontaban todos los denunciados por la firma del convenio con la OEI era el de corrupción de funcionarios, pues había existido un manejo poco transparente en la firma de dicho convenio que no respeto plazos ni informes de las áreas respectivas. «En el ejercicio de la autonomía e independencia de la función fiscal, este Ministerio Público considera que si existen indicios razonables y suficientes de la comisión de los delitos de corrupción de funcionarios que fueron materia de la denuncia del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de Ancash, en razón que en la celebración y ejecución de dicho convenio, se han omitido informes claves de la oficina de administración y presupuesto así como también se ha utilizado fondos del canon para solventar gastos administrativos» señala parte de la resolución fiscal mostrada por el abogado Gilmer Asis. El documento del Ministerio Público está firmado por el Dr. Vladimir Paucar Torres y según el abogado Gilmer Asis constituye un importante instrumento para sancionar con la drasticidad que señala la ley a los responsables de este ilícito penal, «estimamos que en 15 días el Ministerio Público debe formalizar denuncia y en unos 30 días más el Poder Judicial aperturar instrucción y dada la magnitud de los delitos imputados, las medidas coercitivas deberán ser ejemplarizadoras» culminó diciendo.