Bastó que la Contraloría General de la República coloque bajo la lupa las administraciones de los controversiales presidentes regionales de Áncash y Puno, César Álvarez y Hernán Fuentes, respectivamente, para que se ponga al descubierto una serie de irregularidades que merecen ser esclarecidas y sancionadas. Como parte del primer operativo de fiscalización "Cóndor" que desplegó la Contraloría en cuatro gobiernos regionales y 23 municipios de todo el país, se determinó que al menos nueve graves hechos irregulares se habrían cometido en las administraciones de Áncash y Puno. 

En la región altiplánica se detectó al menos cinco irregularidades. La más escandalosa se refiere a la omisión del gobierno de Fuentes para ejecutar un plan de contingencia para la prevención de neumonías durante el friaje que azotó Puno en el año 2009, pese a contar con más de S/.14 millones (cifra de la que sólo utilizó 1.2%). 

 Asimismo, en el mejoramiento de la carretera "Huancané-Putina" se detectaron irregularidades de diverso calibre, como el favorecimiento a un proveedor que presentó documentación fraguada y la desaparición de asfalto líquido, gasolina y kerosene, lo que conllevó a un perjuicio económico de S/. 1'314,036.20 al Estado. 

 En Áncash, según el informe, el panorama fue similar. En la ejecución de cuatro proyectos para la prevención del dengue se determinó que la empresa ganadora de la buena pro no adquirió las bases, y no se acreditó que las labores de fumigación se hayan efectuado. El hecho ocasionó un perjuicio económico de S/. 2'080,249.02 al Estado.  

Además, se confirmaron irregularidades en los trabajos de mejoramiento del canal de riego Wecrococha, en las obras de mejoramiento del colegio Javier Heraud, y en la adquisición de vehículos para la construcción. Todos estos hechos generaron un perjuicio de S/.3'972,987.73 a la región.  

Lo más sorprendente es que ante estos descubrimientos el gobierno ancashino interpuso a inicios de este año una medida cautelar en contra de los operativos de la Contraloría con el argumento de que afectaba sus actividades. Increíblemente el Segundo Juzgado Mixto de Huaraz declaró fundado el recurso.  

Sin embargo, la Contraloría apeló la decisión del Poder Judicial ancashino, el que finalmente dio su brazo a torcer y dejó sin efecto -desde el pasado 5 de febrero- la medida cautelar que favorecía a la administración de Álvarez.  Este diario pudo conocer que en la víspera la Contraloría formuló ante la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) una queja en contra de Ricardo Alza Vásquez (magistrado del Segundo Juzgado Mixto de Áncash) por supuesta inconducta funcional.  Ica y Cajamarca también Además de Áncash y Puno, la Contraloría detectó irregularidades en las administraciones regionales de Cajamarca e Ica, presididas por Jesús Coronel y Rómulo Triveño, respectivamente.

 En Cajamarca se hallaron irregularidades en el mejoramiento del sistema de agua potable del caserío de Fila Alta, y en la contratación de un asesor legal que no cumplió con la labor que se le encomendó. Por ambos casos la región tuvo un perjuicio económico de S/.58,769.88. Asimismo, en Ica se detectaron irregularidades en la adquisición de 157 módulos prefabricados, los que fueron elaborados con material de menor calidad y cantidad al que se exigía, lo que produjo un perjuicio económico de S/. 376,981.69 Como parte de un segundo operativo del plan de fiscalización "Cóndor", la Contraloría ya realiza pesquisas en los gobiernos regionales de Pasco, Moquegua, Junín, e Ica.  Para Contralor, "algo se oculta" en Áncash

Correo: ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvo la Contraloría en las pesquisas hechas durante el primer operativo "Cóndor"?

Fuad Khoury: Al realizar los operativos sorpresas siempre vas a tener obstáculos naturales, como la demora en la entrega de información, dilatación de las conversaciones, pero eso es normal. 

 C: ¿Cómo toma la decisión del presidente regional de Áncash, César Álvarez, de interponer un recurso ante el PJ para evitar que la Contraloría investigue su gestión?

FK: Esa es una muestra de la preocupación que tiene de abrir las puertas a la Contraloría para que hagamos el trabajo que nos ordena la ley. Imagínese que en una empresa (el área) de Auditoría Interna quiere hacer un arqueo, y le van a prohibir entrar, es porque algo se oculta, ¿no? Es una señal de que estamos haciendo lo correcto. 

 C: ¿No es llamativo que el PJ haya aceptado el recurso de Álvarez?

FK: Es sorprendente. Nosotros hemos interpuesto una acción y ha sido aceptada por el PJ: ha sido suspendida la medida cautelar (que favoreció a Álvarez) y ahora tenemos 100% la vía libre para investigar. Estamos parches. Lo último que vamos a hacer es quedarnos parados y mirar. 

 C: ¿No sospecha de un contubernio de los jueces ancashinos con Álvarez para permitir que prosperen este tipo de recursos?

FK: No creo que vaya por ahí el tema, creo que es falta de información, de conocimiento, y al límite (el juez) podría haber sido sorprendido por la falta de conocimiento de lo que significan las acciones de control.  

C: ¿No teme que otros entes regionales puedan recurrir a medidas cautelares para evitar ser investigados?

 FK: No, porque de acuerdo a las normas legales vigentes las acciones de este tipo (medidas cautelares) no se pueden ejecutar entre instituciones del sector público. Ese fue el gran error del juez que nos envió la medida cautelar (en Áncash): un gobierno regional no puede ir en contra de la Contraloría en una acción de amparo. Eso es ilegal y ante cualquier situación que se nos presente vamos a imponer nuestra autoridad. Al principio nos preocupamos porque nos pareció extraño que alguien que maneja ingentes cantidades de recursos pida legalmente al PJ que no se haga control. ¿No le parece extraño? Es clarísimo.

 FUENTE: CORREO