La seguridad ciudadana debe ser concebida como una prioridad nacional para la feliz convivencia de los habitantes de cada una de las regiones, departamentos, provincias y municipios de nuestra querida nación, y formalmente deberá estar a cargo no solo de los entes gubernamentales que dispone la Constitución Política , sino de nuestras bien amadas Fuerzas Armadas. 

Es así que a tenor del artículo 195 de la Carta Magna , tenemos que “la ley regula la cooperación  de la Policía Nacional con las Municipalidades en materia de seguridad ciudadana”.  Esta misión resulta en la práctica imposible de llevar a cabo en su integridad o rol exitoso, toda vez que los efectivos policiales, aún cuando se dice que son alrededor de 90,000, no cumplen un desempeño de 24 horas de servicios reales y efectivos, por cuanto laboran con un sistema denominado día por medio; es decir, prestan labores de vigilancia un día si y otro descansan, desconociendo cual es el número real y verdadero de policías que operan en misiones de patrullaje y resguardo ciudadano, dado que otros prestan seguridad a autoridades políticas o se desempeñan en labores de oficina o administrativas.  Tan cierto es la dispersión de policías a las tareas de seguridad ciudadana que se les autoriza a prestar servicios, indebidamente uniformados, en entidades particulares.  Además debemos descontar a los policías que ostentan mayor jerarquía y que no estarían en el rol de patrullaje efectivo.

De otro lado, los municipios trataron de cumplir con la implementación de los servicios de serenazgo, manteniendo hasta el momento una serie de incertidumbres como son:  el no tener facultades de aprehensión de personas comprometidas en actos ilícitos, no poder hacer uso de armas, salvo el policía que fuera adscrito al patrullaje de serenazgo.  No obstante estas circunstancias, superadas con mayor número de efectivos policiales, unidades vehiculares y diversos medios logísticos, ha venido es descrédito de su credibilidad, como lo constituyen los hechos, felizmente aislados, pero preocupantes, en los que se vieron envueltos algunos efectivos que incluso llegaron a agredir a personas inocentes y  hasta ocasionaron la muerte de algún intervenido.   

Sin pretender ser descubridores de fórmulas mágicas, estamos convencidos de que existe una decisión política de realización inmediata que bien podría dar solución inmediata a la inseguridad ciudadana que va desde simples hurtos, robos hasta llegar a los asaltos con armas blanca y de fuego para devenir en el mayor flagelo a la ciudadanía, constituida por los secuestros al paso o los cometidos mediante el reglaje de las víctimas.

Soy testigo de excepción de estas acciones de la delincuencia comun y organizada, dado que mi paso por


la Gloriosa Marina de Guerra del Perú, me dio la oportunidad no solo de servir a mi Patria en nobles tareas, sino que me proporcionó la capacitación para dar soluciones inmediatas a la pacificación nacional.  Visualizo mis inicios, constituyendo patrullas en época de toque de queda allá por el año 1976 y luego durante los años 1992 y hasta el año 1998, participar de los llamados Tribunales Especiales para el juzgamiento de delincuentes terroristas.  Igualmente, en febrero de 1999, en calidad de agraviado, fui objeto de un despiadado ataque de delincuentes de gran peligrosidad, como eran las bandas de malhechores quienes perpetraban el delito de terrorismo agravado.  Si bien, luego de que el Gobierno de Transición, asumiera el mando político, se dejó sin efecto, como consecuencia de fallos judiciales que venían de tribunales supranacionales, el otrora juzgamiento severo, inmediato, sumario pero revestido de las llamadas garantías de un debido proceso, en donde se ejerció la defensa y la pluralidad de instancias para la revisión de los fallos.

Como no voy a comentar, los sucesos que constituyeron para mi como una experiencia dolorosa, al haber sido incluso víctima de la insania de la llamada “Banda de los Marranos del Sur”, quienes ya habían perpetrado alrededor de una docena de asaltos, en donde campeaba la ferocidad y vejación extrema para las víctimas.  A Dios gracias salvé del atentado, y pude comprobar también la cobardía de los malhechores, cuando una vez capturados fueron juzgados por Tribunales Especiales para estos delitos que desbordaban todo ordenamiento jurídico y de orden público.  Los Tribunales que resolvieron las causas del tipificado “terrorismo agravado” fueron valientes, ponderados pero severos al momento de impartir justicia; sin embargo todo este andamiaje se vino abajo por la llamada actitud de restituir el ordenamiento jurídico, trastocado por dispositivos legales que, a decir de los ahora identificados “defensores de la legalidad jurídica” propiciaban la impunidad y hasta la liberación no solo de subversivos o delincuentes terroristas, sino que también se constituyeron, indirectamente, en defensores de los más despiadados criminales comunes.

Ahora bien, antes de apelar a las conciencias de los ciudadanos de bien, como el lector, e invocar la implementación de un régimen de excepción, paso a describir mi experiencia vivencial al visitar por cuestiones netamente de trámite administrativo, las instalaciones o dependencias de

la Marina de Guerra, con lo que dejaré patentada la necesidad y urgencia de decretar un Estado de Emergencia.

Es así que es rutina diaria en las dependencias navales que el personal militar que labora en jornadas desde 8 de la mañana a las 14 horas, ejecuta la siguiente modalidad de trabajo: a primera hora, luego  de recibir al Jefe y tomar la distribución de tareas por departamentos y antes de atender al público, proceden a tomar desayuno; pero es el caso que llegado el mediodía pasan a hacer deporte, luego a las 13 horas, se dirigen a sus comedores para almorzar o pasar rancho, previo a la salida que se ejecuta a las 14 horas.  Y a todo esto, ¿cuántas son las horas laborables?  No hablemos de la toma de guardia efectiva, de comisiones o permisos que entorpecen las labores diarias.

Por ello ha llegado el momento de que se revalore a los ciudadanos de primer orden, con la disciplinada intervención positiva de los efectivos de las Fuerzas Armadas, como son su participación real y efectiva para coadyuvar a combatir la delincuencia que campea en nuestras calles.

De esta forma también volvería la ciudadanía a mirar nuevamente con respeto a nuestras Fuerzas Armadas, venidas a menos por la inconsecuencia de los Jefes que delinquieron en el pasado régimen y que ahora purgan condena o continúan sometidos a la justicia penal comun.

De esta manera, creo que nuestro Gobierno, debe ser consiente de que el ciudadano de a pié, de toda edad y condición social y económica, merece la protección de las autoridades que legítimamente cumplen un rol dentro del aparato estatal, por lo que invocamos a que de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Constitución Política , decrete el Estado de Emergencia, suspendiéndose  el ejercicio de los derechos constitucionales  relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito  en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo.  Con ello las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno.

Dejamos a salvaguarda la honorabilidad de la Benemérita Policía Nacional del Perú, la misma que pasaría a continuar con sus otras tareas y sagradas misiones que le encomienda la Constitución y la Ley.

Esta reflexión la he tenido en mi mente y en mi corazón y ahora la comparto con mis hermanos peruanos, por el bien del país y con el propósito no solo de resguardar la integridad de las personas de bien, sino que también cuidaremos de los ciudadanos del mundo que vengan a visitar nuestro Perú y sean así, voceros de que en esta tierra bendita se respetan y protegen vidas.