Huaraz: Juez ordena desalojo preventivo de usurpadores de Atipayan

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El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Áncash (CSJAN), José Luis la Rosa Sánchez Paredes, declaró fundado el pedido de Desalojo Preventivo y Ministración Provisional de la Posesión, solicitado por el representante del Ministerio Público, en la investigación contra Mercedes María Guerrero Coral, Jhon César Muñoz Guerrero, Bertha Manuela Haro Miranda, Teodoro Epifanio Guerrero Coral, Abel Domínguez Barreto Guerrero, Yannet Esther Solís Oncoy, Anabel Muñoz Guerrero, Epifanía María Guerrero Coral, Yanet Haro Miranda, Michel Fernando Alberto Ramírez, Daniel Víctor Rosales Granados, Edita Eugenia Figueroa Alberto y Caytano Donato Mejía Cochachin, imputados como autores de la presunta comisión del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Usurpación Agravada, en agravio de los hermanos Jesús Crisanto, Antonio Efraín y Ovidio Roberto Vega Flor.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las once de la noche del 18 de setiembre de 2016, momento en el cual los presuntos usurpadores invadieron el predio llamado Jupe Ruri, ubicado en el caserío “El Milagro”, centro poblado de Atipayán (Independencia, Huaraz).

En la referida zona los investigados talaron árboles y construyeron viviendas precarias en base a palos, esteras, calaminas y plásticos, además, en dicho lugar colocaron un panel con la inscripción Asociación de Moradores “Nuevo Milagro”.

Es de señalar que desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde de hoy el magistrado José Luis la Rosa Sánchez Paredes, acompañado de efectivos policiales, ejecutó el desalojo preventivo de los supuestos usurpadores del terreno en conflicto, diligencia que concluyó satisfactoriamente.

El Desalojo Preventivo y la Ministración Provisional de la Posesión de un Bien Inmueble consiste en que el juez penal otorga al agraviado (despojado), anticipadamente (entre tanto dura el proceso y se resuelve definitivamente la causa), la posesión del bien inmueble que éste ha perdido a consecuencia del delito, siempre que haya acreditado suficientemente su derecho posesorio.

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