Gobiernos regionales y locales recibieron más de S/ 15,300 millones de canon gasífero entre 2004 al 2016

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PLANTA DEL PROYECTO CAMISEA EN LA SELVA DEL CUSCO

Las transferencias de canon gasífero realizadas desde el año 2004 (año desde que comenzó a operar el Lote 88 del proyecto Camisea) hasta el primer semestre del 2016, reportan un monto acumulado S/. 15,329 millones, dio a conocer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Cabe anotar que los recursos transferidos por Canon Gasífero en ningún caso son devueltos al Gobierno Central, de no ser usados estos se acumulan. Además no pueden usarse, en ningún caso, para el pago de remuneraciones o retribuciones.

Según el reporte de transferencias del primer semestre del 2016 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las transferencias realizadas por concepto de Canon Gasífero, proveniente de la operación de la cuenca de Camisea (Lotes 88, 56 y 57), se distribuyeron entre Gobiernos Locales de Cusco, así como su Gobierno Regional y las Universidades Nacionales de San Antonio Abad e Intercultural de Quillabamba.

UTILIZACIÓN DEL CANON GASÍFERO

Los Gobiernos Locales, utilizarán estos recursos en gastos de inversión, debiendo observarse las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que correspondan. Asimismo, estos deberán destinar el 30% del monto que les corresponda a la inversión productiva para el desarrollo sostenible de las comunidades donde se extrae dicho recurso natural.

Los Gobiernos Regionales, utilizarán estos recursos para el financiamiento o co-financiamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local.

Mientras que los Gobiernos Locales como Regionales están facultados a utilizar hasta un 20% del canon gasífero para el mantenimiento de los proyectos de inversión pública priorizando infraestructura básica, así como hasta otro 5% para financiar la elaboración de perfiles y evaluar los estudios de preinversión. Adicionalmente, los Gobiernos Locales y Regionales pueden utilizar los recursos para proyectos orientados a brindar servicios públicos (infraestructura para comisarías, postas médicas, penales, etc.).

Los recursos que reciben las universidades públicas se deben destinar, preferentemente, a la inversión en investigación científica relacionada con la salud pública y prevención de enfermedades endémicas, sanidad, biodiversidad, etc. Estas entidades pueden usar hasta 50% de sus recursos en proyectos de infraestructura y equipamiento vinculados directamente con los fines de la universidad. Cabe indicar que si la universidad (que usualmente está ubicada en la capital de la región) tiene sedes en provincias y distritos productores, se deberá destinar no menos del 10% de estos recursos a dichas dependencias.

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